Ya tenemos en
marcha un nuevo proyecto de ley de educación para el Estado español. En 1970,
en la última etapa del franquismo, se puso en marcha la denominada Ley General
de Educación (LGE). En 1980 se aprobó la Ley Orgánica de Estatutos de Centros
Escolares, la LOECE, elaborada por el gobierno del primer presidente de la
recuperada democracia, Adolfo Suárez (UCD), pero el PSOE la recurrió por no
respetar el espíritu de la Constitución espanyola recientemente aprobada y el
Tribunal Constitucional le dió la razón; la UCD debía revisar profundamente la
ley pero el golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 y la posterior victoria
electoral del PSOE lo impidió y la ley no llegó a entrar en vigencia. En 1985
tenemos una nueva ley: la Ley Orgánica del Derecho a la Educación (LODE), del
PSOE, que incorpora el sistema de escuela concertada. El1990 llega una nueva
ley del PSOE que, en este caso, supone un cambio de fondo: es la Ley de
Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE) que pone fin a lo que quedaba
de la LGE franquista, establece la escolaridad obligatoria hasta los 16 años y
la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y, entre otras muchas cosas, da un
papel importante a las comunidades autónomas en la concreción del currículo.
Cinco años más tarde, en 1995, también el PSOE pone en marcha la Ley Orgánica
de Participación, Evaluación y Gobierno de Centros Docentes (LOPEG), una ley
muy polémica que fue rechazada por los sindicatos de profesorado porque
consideraban que abría la puerta a la privatización de la enseñanza pública. El
2002 es el PP, el gran partido de la derecha española, que aprueba la Ley
Orgánica de Calidad de la Educación (LOCE) pero la victoria electoral del PSOE
impide que se aplique. En 2006, es este partido que pone en marcha la Ley
Orgánica de Educación (LOE) que fue aprobada con una amplia mayoría en el
Congreso; esta ley incluía la nueva asignatura de Educación para la Ciudadanía
y los Derechos Humanos que suscitó bastante polémica. En 2013, con una
amplísima oposición en el mundo educativo, se aprueba la Ley Orgánica para la
Mejora de la Calidad Educativa, una reforma en profundidad impulsada por el
ministro Wert del PP que ha sido calificada de retrógrada, discriminatoria,
sectaria y centralizadora y que desencadenó manifestaciones, concentraciones y
huelgas (una general) de profesorado y alumnado.
Ahora la ministra
socialista Isabel Celaá impulsa una nueva ley que ha superado el primer trámite
parlamentario, con la oposición de los partidos de la derecha española. No se
trata tanto de que haya un apoyo al redactado de la nueva ley por parte de
todos los grupos que van a votar a favor sino acuerdo en la necesidad de
derogar con urgencia la ley Wert. Sin entrar ahora en el texto de la propuesta
-ya habrá oportunidad de hacerlo- y estando de acuerdo en que es bueno derogar
la nefasta ley del PP, lo cierto es que no se puede obviar que se trata de la
octava ley desde 1970, lo que significa una nueva ley cada seis años y tres
meses. En entradas anteriores de este blog he escrito que "entre los
docentes es un clamor la necesidad de un periodo de estabilidad legislativa que
permita trabajar con tranquilidad y coherencia" y "que la educación
es demasiado importante para un país como para que no exista un mínimo consenso
sobre ella ". Pues, eso: una ley nueva cada seis años y tres meses.
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