El gobierno
socialista español ha anunciado que quiere poner en marcha una nueva reforma
educativa. En este mismo blog, el 28 de junio de 2016, escribía: ...el Partido Popular
aprobó y puso en marcha una nueva reforma del sistema educativo, la LOMCE.
Desde el primer momento, la ley suscitó una amplia oposición, tanto en el
Parlamento como en el sector profesional de la docencia. Una vez más, surgía
una nueva ley educativa sin consenso y que respondía a intereses partidistas. El profesorado, en
primer lugar, y las familias a continuación, volvían a vivir la situación con
desasosiego. Entre los docentes es un clamor la necesidad de un periodo de
estabilidad legislativa que permita trabajar con tranquilidad y coherencia (...).
En el caso de la LOMCE hay que añadir que se legisló una ley que responde a un
modelo de sociedad y de persona muy determinado, tal como se ha denunciado en
múltiples foros. No es necesario ahondar en ello. Ahora la situación ha
cambiado: nuevos partidos en el escenario político y nuevas correlaciones de
fuerzas en muchas comunidades autónomas han incrementado el rechazo a la LOMCE
(...). La evidencia de la necesidad de un pacto educativo ha llevado a los
partidos que han concurrido a las recientes elecciones a explicitar esta
necesidad. No es la primera vez que ello sucede pero, después de constatar
tantas veces cómo evoluciona el tema cuando se han terminado las elecciones,
surgen muchas dudas sobre si puede existir realmente una alternativa a esta
situación tan repetida y cada vez más acentuada (...). Hay que insistir, repitiéndolo
las veces que haga falta, en que la educación es demasiado importante para un
país como para que no exista un mínimo consenso alrededor de ella".
En la nueva reforma
que se anuncia, se suprimirá lo más criticado de la LOMCE (la conocida como ley
Wert, por el ministro que la puso en marcha sin ningún consenso): la religión
dejará de ser una asignatura obligatoria y computable, las comunidades autónomas
recuperarán competencias sobre contenidos escolares y sobre el trato de las
lenguas co-oficiales, se eliminarán los estándares de aprendizaje y las reválidas,
se reforzará el principio de no discriminación por género... Se trata de una
reforma que pretende ser de fondo y que, desde mi punto de vista, hace planteamientos
interesantes. Lástima que la necesidad y
la dificultad del pacto educativo a las que me refería en junio del 2016 sigan
plenamente vigentes.
