UNA LEY DE EDUCACIÓN NUEVA DETRÁS DE OTRA, SIN PARAR

Ya tenemos en marcha un nuevo proyecto de ley de educación para el Estado español. En 1970, en la última etapa del franquismo, se puso en marcha la denominada Ley General de Educación (LGE). En 1980 se aprobó la Ley Orgánica de Estatutos de Centros Escolares, la LOECE, elaborada por el gobierno del primer presidente de la recuperada democracia, Adolfo Suárez (UCD), pero el PSOE la recurrió por no respetar el espíritu de la Constitución espanyola recientemente aprobada y el Tribunal Constitucional le dió la razón; la UCD debía revisar profundamente la ley pero el golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 y la posterior victoria electoral del PSOE lo impidió y la ley no llegó a entrar en vigencia. En 1985 tenemos una nueva ley: la Ley Orgánica del Derecho a la Educación (LODE), del PSOE, que incorpora el sistema de escuela concertada. El1990 llega una nueva ley del PSOE que, en este caso, supone un cambio de fondo: es la Ley de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE) que pone fin a lo que quedaba de la LGE franquista, establece la escolaridad obligatoria hasta los 16 años y la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y, entre otras muchas cosas, da un papel importante a las comunidades autónomas en la concreción del currículo. Cinco años más tarde, en 1995, también el PSOE pone en marcha la Ley Orgánica de Participación, Evaluación y Gobierno de Centros Docentes (LOPEG), una ley muy polémica que fue rechazada por los sindicatos de profesorado porque consideraban que abría la puerta a la privatización de la enseñanza pública. El 2002 es el PP, el gran partido de la derecha española, que aprueba la Ley Orgánica de Calidad de la Educación (LOCE) pero la victoria electoral del PSOE impide que se aplique. En 2006, es este partido que pone en marcha la Ley Orgánica de Educación (LOE) que fue aprobada con una amplia mayoría en el Congreso; esta ley incluía la nueva asignatura de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos que suscitó bastante polémica. En 2013, con una amplísima oposición en el mundo educativo, se aprueba la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa, una reforma en profundidad impulsada por el ministro Wert del PP que ha sido calificada de retrógrada, discriminatoria, sectaria y centralizadora y que desencadenó manifestaciones, concentraciones y huelgas (una general) de profesorado y alumnado.

Ahora la ministra socialista Isabel Celaá impulsa una nueva ley que ha superado el primer trámite parlamentario, con la oposición de los partidos de la derecha española. No se trata tanto de que haya un apoyo al redactado de la nueva ley por parte de todos los grupos que van a votar a favor sino acuerdo en la necesidad de derogar con urgencia la ley Wert. Sin entrar ahora en el texto de la propuesta -ya habrá oportunidad de hacerlo- y estando de acuerdo en que es bueno derogar la nefasta ley del PP, lo cierto es que no se puede obviar que se trata de la octava ley desde 1970, lo que significa una nueva ley cada seis años y tres meses. En entradas anteriores de este blog he escrito que "entre los docentes es un clamor la necesidad de un periodo de estabilidad legislativa que permita trabajar con tranquilidad y coherencia" y "que la educación es demasiado importante para un país como para que no exista un mínimo consenso sobre ella ". Pues, eso: una ley nueva cada seis años y tres meses.

EDUCACIÓN NO PRESENCIAL COMO ÚNICA ALTERNATIVA

Hemos estado confinados y esto ha producido en pocas semanas una transformación digital que, en situaciones normales, hubiera necesitado años. Tanto si quieres como si no, mucha gente ha tenido que cambiar la mentalidad y los comportamientos sobre el uso de las tecnologías actuales. Una parte importante de la población ha trabajado -y, aunque en menor proporción, todavía lo hace- on line, se ha incrementado el consumo de productos de entretenimiento ofrecidos por las plataformas digitales, han aumentado mucho las videollamadas con familiares y amigos, se han hecho muchas consultas médicas por teléfono y se han incrementado las compras por Internet, destacando las de comida que, hasta ahora, eran muy minoritarias. Ahora se empieza a hablar de que crecerá la tecnología no táctil (sistemas de reconocimiento biométrico, llaves sin contacto...) para evitar el riesgo de contagio.

El mundo educativo no ha quedado al margen de esta revolución forzada por las circunstancias. El cierre de las escuelas de todos los niveles educativos ha obligado al profesorado a poner en marcha recursos digitales. Profesoras y profesores se han esforzado mucho porque se han encontrado con una realidad nueva que, a menudo, les ha obligado a trabajar desde cero, empezando por el conocimiento del funcionamiento de los recursos tecnológicos, siguiendo por la planificación y preparación de materiales y terminando con clases y tutorías muy complejas. A pesar de este esfuerzo, una parte de la población ha quedado marginada por no poder contar con las herramientas necesarias para poder seguir un curso a distancia. Con todo cerrado (aulas, bibliotecas, centros cívicos), ha habido alumnado expulsado del sistema. Lo que ha pasado muy probablemente tendrá repercusiones y, de entrada, lleva a plantear preguntas sobre el modelo de escuela, el papel del profesorado, la combinación de la presencialidad con la virtualidad y sobre cómo evitar la fractura digital que, en este caso, es más que nunca discriminación formativa. Tendremos que estar atentos para ver cómo evoluciona todo esto.

SEGURIDAD A COSTA DE LIBERTAD

La pandemia que ha trastornado nuestras vidas ha tenido y tiene dimensiones diversas. Hay tres que me parecen muy destacadas, aunque hay más y también muy relevantes, como por ejemplo los trastornos que puede ocasionar el confinamiento o el trato que ha recibido la gente de más edad. Entre las tres que quiero destacar hay dos de las que se ha hablado mucho: la sanitaria y la económica. Hay un tercer aspecto, sin embargo, que me parece muy importante y al que no se le ha prestado suficiente atención: la restricción de la libertad y de derechos de las personas por parte del Estado. Ha parecido que la epidemia permitía dejar en suspenso derechos que han costado muchos años y muchas luchas para conseguirlos: la libertad de movimientos, de reunión... ¿Hasta qué punto la emergencia sanitaria que nos han contado lo justifica?

Hace días que quería hablar de esto y un foro reciente (Barcelona Tribuna, organizado por la Sociedad Económica Barcelonesa de Amigos del País y el diario La Vanguardia) me ha animado a hacerlo. En este foro, el Dr. Marc Antoni Broggi, presidente del Comité de Bioética de Cataluña, manifestó que "la pandemia nos ha planteado problemas éticos fundamentales" y que hay que recuperar los derechos suspendidos "tan pronto como la seguridad lo permita". Según leo en La Vanguardia del pasado 29 de mayo, también "expuso su preocupación por el peligro para la intimidad de las personas que suponen algunas medidas sobre las que se debate abiertamente en las sociedades occidentales como el seguimiento a través de la geolocalización de nuestros dispositivos móviles, el control de los síntomas de la enfermedad o los carnés de inmunidad". El dilema seguridad o libertad no es nuevo, y en este blog he hablado sobre esto alguna vez, pero la emergencia que hemos vivido ha llevado la situación a un extremo. Se trata de un dilema porque es un problema que tiene dos soluciones pero ninguna de las dos es completamente aceptable. No me parece una cuestión menor y quizás debería estar más presente en la agenda social, también en la educativa.

EL VIRUS EN LATINOAMÉRICA

Mientras en Europa la pandemia evoluciona favorablemente (en España, el pasado domingo fue el primer día sin ningún muerto por coronavirus), América Latina lo está pasando muy mal porque su situación económica y social, junto con algunas decisiones políticas, ha provocado que se convierta en el centro actual de la pandemia. Brasil es el segundo país del mundo en cantidad de infecciones, sólo por debajo de Estados Unidos, y supera a este país en el número diario de afectados. También Perú, Chile, México y Ecuador, entre otros, están sufriendo el virus con fuerza. Las consecuencias serán terribles: muerte, pobreza y exclusión social.

Las infecciones siempre afectan más duramente a los países en vías de desarrollo porque, como se suele decir, llueve sobre mojado. También en estos países el virus acabará yéndose pero el rastro de desolación que dejará será intenso y se alargará en el tiempo. Desde Europa, preocupados por la situación en nuestro continente, también deberíamos levantar un poco la vista y mirar más allá. Supongo que cuando se habla de humanismo europeo también querrá decir esto, aunque no parece que los europeos, en los últimos tiempos, hayamos sido suficientemente humanos, al menos como colectividad. En las escuelas y otras instituciones educativas sería bueno hablar de esto porque corremos el riesgo de no ver más allá de nuestro ombligo, especialmente cuando se viven momentos como los actuales.