Para el
pasado jueves, justo para una semana después de una huelga de estudiantes
universitarios convocada en Catalunya contra el alto importe de las tasas, la
Plataforma Estatal para la Defensa de la Escuela Pública convocó una huelga y
manifestaciones para pedir la derogación de la Ley Orgánica para la Mejora de
la Calidad Educativa (LOMCE) y el fin de los recortes educativos.
La repercusión
fue desigual quizás porque hubo quien tenía presente que se está hablando de un
acuerdo entre partidos que debería conllevar la derogación de la LOMCE. De
todas maneras, la huelga y las manifestaciones son un toque de atención a la
necesidad de llegar a un pacto para un modelo educativo más inclusivo y
comprensivo que el que se desprende de la LOMCE y que debe revertir la
situación de los duros recortes: desde 2010 las administraciones públicas han
reducido en más de un 18% el gasto en educación, mientras aumentaba el número
de estudiantes en más de un 6%. España sólo destina algo más del 4% del
Producto Interior Bruto (PIB) a educación (la UNESCO recomienda el 6%). La
situación no por cotidiana deja de ser grave.
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