DONDE DIJE DIGO DIGO DIEGO

Sobre cómo será el regreso a la escuela el próximo setiembre, hace sólo siete semanas (el pasado 20 de mayo), en este mismo blog, escribía: "Las directrices que se están divulgando hablan de clases reducidas (alrededor de 12 a 15 alumnos) y de mantener la distancia social de seguridad en las clases y en el patio, entre otras ". Ahora, en Cataluña, se han hecho públicas las pautas para el nuevo curso escolar: no habrá desdoblamiento de grupos puesto que no se disminuirá la ratio, no será necesario llevar la mascarilla en el propio grupo-clase ni mantener distancia de seguridad; todo será muy parecida a como era antes de la pandemia.

El gobierno catalán justifica el cambio radical en los nuevos datos sobre la evolución del coronavirus: los infectados confirmados menores de 15 años sólo son el 1% de los casos y, al parecer, con una carga vírica muy baja. Incluso se ha dicho que, con estos datos, ahora se ve que no deberían haberse cerrado las escuelas y que, en caso de rebrote en otoño, sólo se confinaría a la gente mayor y a los colectivos vulnerables; la infancia podría continuar con su actividad escolar presencial. Está claro que, con unos cambios de criterios tan frecuentes en todo lo referente a la pandemia, habrá que esperar a ver qué pasa finalmente. Ante estas decisiones tan cambiantes, lo menos que se puede decir es que estamos desconcertados.

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y DE TIEMPO LIBRE EN UN MOMENTO MUY COMPLEJO

La oferta educativa de verano siempre ha cumplido diversas funciones; proporcionar un lugar donde atender el niño o la niña mientras su familia está ocupada ha sido una de importante. De todos modos, malo si esto se quedara aquí: las actividades extraescolares y de tiempo libre deben ser una buena oportunidad para disfrutar de un ocio enriquecedor y para la socialización de la infancia. Este año la situación es muy especial porque niñas y niños, durante tres meses, no han podido ir a la escuela y ahora, los centros que ofrecen actividades de verano, se convierten en un espacio para el reencuentro con iguales aún más importante que en veranos pasados. Los niños necesitan relacionarse con otros niños y niñas y seguir aprendiendo, aunque de manera diferente a como lo hacen en la escuela. Esta necesidad es especialmente remarcable en los niños y adolescentes que se encuentran en situaciones más vulnerables porque, en este caso, estas actividades se convierten en una oportunidad para evitar una desconexión total de los aprendizajes organizados. Atendiendo a esta situación, la Fundación Jaume Bofill ha propuesto a los ayuntamientos catalanes -especialmente a los de más de 10.000 habitantes- que inviertan 500 euros por cada niño vulnerable para garantizar que tengan acceso a 80 horas de actividades de verano. Estas medidas deberían llegar a 300.000 niños y adolescentes que, según la Bofill, son los que están en riesgo de pobreza.

Saven the Children ha publicado un informe donde demuestra la desigualdad que se ha producido entre los niños durante el confinamiento por coronavirus y reclama -como lo hacen otras organizaciones y entidades- un plan de choque. Ahora que la oferta educativa no escolar (o no curricular, para ser más exactos) se reanuda, existe la sensación de que, desde la Administración, no se está prestando suficiente importancia a esta oferta, especialmente en estos momentos. El cambio de criterios tan frecuente no ayuda y parece que cueste encontrar el punto de equilibrio entre las medidas preventivas necesarias y la necesidad de una flexibilidad que permita desarrollar las actividades con la máxima normalidad posible. Es importante que haya pautas a seguir pero también lo es que sean razonables y verdaderamente viables. Si no fuera así, se pondría a los responsables de las actividades de verano en una situación de estrés que no sería buena para nadie.

UNA LEY DE EDUCACIÓN NUEVA DETRÁS DE OTRA, SIN PARAR

Ya tenemos en marcha un nuevo proyecto de ley de educación para el Estado español. En 1970, en la última etapa del franquismo, se puso en marcha la denominada Ley General de Educación (LGE). En 1980 se aprobó la Ley Orgánica de Estatutos de Centros Escolares, la LOECE, elaborada por el gobierno del primer presidente de la recuperada democracia, Adolfo Suárez (UCD), pero el PSOE la recurrió por no respetar el espíritu de la Constitución espanyola recientemente aprobada y el Tribunal Constitucional le dió la razón; la UCD debía revisar profundamente la ley pero el golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 y la posterior victoria electoral del PSOE lo impidió y la ley no llegó a entrar en vigencia. En 1985 tenemos una nueva ley: la Ley Orgánica del Derecho a la Educación (LODE), del PSOE, que incorpora el sistema de escuela concertada. El1990 llega una nueva ley del PSOE que, en este caso, supone un cambio de fondo: es la Ley de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE) que pone fin a lo que quedaba de la LGE franquista, establece la escolaridad obligatoria hasta los 16 años y la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y, entre otras muchas cosas, da un papel importante a las comunidades autónomas en la concreción del currículo. Cinco años más tarde, en 1995, también el PSOE pone en marcha la Ley Orgánica de Participación, Evaluación y Gobierno de Centros Docentes (LOPEG), una ley muy polémica que fue rechazada por los sindicatos de profesorado porque consideraban que abría la puerta a la privatización de la enseñanza pública. El 2002 es el PP, el gran partido de la derecha española, que aprueba la Ley Orgánica de Calidad de la Educación (LOCE) pero la victoria electoral del PSOE impide que se aplique. En 2006, es este partido que pone en marcha la Ley Orgánica de Educación (LOE) que fue aprobada con una amplia mayoría en el Congreso; esta ley incluía la nueva asignatura de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos que suscitó bastante polémica. En 2013, con una amplísima oposición en el mundo educativo, se aprueba la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa, una reforma en profundidad impulsada por el ministro Wert del PP que ha sido calificada de retrógrada, discriminatoria, sectaria y centralizadora y que desencadenó manifestaciones, concentraciones y huelgas (una general) de profesorado y alumnado.

Ahora la ministra socialista Isabel Celaá impulsa una nueva ley que ha superado el primer trámite parlamentario, con la oposición de los partidos de la derecha española. No se trata tanto de que haya un apoyo al redactado de la nueva ley por parte de todos los grupos que van a votar a favor sino acuerdo en la necesidad de derogar con urgencia la ley Wert. Sin entrar ahora en el texto de la propuesta -ya habrá oportunidad de hacerlo- y estando de acuerdo en que es bueno derogar la nefasta ley del PP, lo cierto es que no se puede obviar que se trata de la octava ley desde 1970, lo que significa una nueva ley cada seis años y tres meses. En entradas anteriores de este blog he escrito que "entre los docentes es un clamor la necesidad de un periodo de estabilidad legislativa que permita trabajar con tranquilidad y coherencia" y "que la educación es demasiado importante para un país como para que no exista un mínimo consenso sobre ella ". Pues, eso: una ley nueva cada seis años y tres meses.

EDUCACIÓN NO PRESENCIAL COMO ÚNICA ALTERNATIVA

Hemos estado confinados y esto ha producido en pocas semanas una transformación digital que, en situaciones normales, hubiera necesitado años. Tanto si quieres como si no, mucha gente ha tenido que cambiar la mentalidad y los comportamientos sobre el uso de las tecnologías actuales. Una parte importante de la población ha trabajado -y, aunque en menor proporción, todavía lo hace- on line, se ha incrementado el consumo de productos de entretenimiento ofrecidos por las plataformas digitales, han aumentado mucho las videollamadas con familiares y amigos, se han hecho muchas consultas médicas por teléfono y se han incrementado las compras por Internet, destacando las de comida que, hasta ahora, eran muy minoritarias. Ahora se empieza a hablar de que crecerá la tecnología no táctil (sistemas de reconocimiento biométrico, llaves sin contacto...) para evitar el riesgo de contagio.

El mundo educativo no ha quedado al margen de esta revolución forzada por las circunstancias. El cierre de las escuelas de todos los niveles educativos ha obligado al profesorado a poner en marcha recursos digitales. Profesoras y profesores se han esforzado mucho porque se han encontrado con una realidad nueva que, a menudo, les ha obligado a trabajar desde cero, empezando por el conocimiento del funcionamiento de los recursos tecnológicos, siguiendo por la planificación y preparación de materiales y terminando con clases y tutorías muy complejas. A pesar de este esfuerzo, una parte de la población ha quedado marginada por no poder contar con las herramientas necesarias para poder seguir un curso a distancia. Con todo cerrado (aulas, bibliotecas, centros cívicos), ha habido alumnado expulsado del sistema. Lo que ha pasado muy probablemente tendrá repercusiones y, de entrada, lleva a plantear preguntas sobre el modelo de escuela, el papel del profesorado, la combinación de la presencialidad con la virtualidad y sobre cómo evitar la fractura digital que, en este caso, es más que nunca discriminación formativa. Tendremos que estar atentos para ver cómo evoluciona todo esto.