CON LA EDUCACIÓN ESCOLAR NO BASTA

 Leí que la ministra de educación española recomendaba no hacer actividades extraescolares porque, al juntarse niños y niñas que no conviven habitualmente, se incrementa el riesgo de contagio del virus que está cambiando nuestras vidas. Aquí, de nuevo, nos encontramos en la dualidad entre derecho a la educación y más seguridad sanitaria. Parece que tanto el gobierno español como los de las diferentes autonomías del Estado han asumido que el derecho a la educación es clave y que, por tanto, las instituciones escolares deben funcionar y hacerlo, en lo posible, con enseñanza presencial. Hay que minimizar el riesgo sanitario pero se ha de aceptar un cierto riesgo a cambio de garantizar el funcionamiento del sistema educativo. Y este funcionamiento debe ser con docencia presencial (la Educación Superior parece que va por otros caminos) porque se ha constatado que un número importante de familias no tienen el equipamiento necesario para poder seguir correctamente una educación a distancia; que, en muchos casos, las condiciones del hogar dificultan mucho este tipo de educación; y que hay familias con poca formación y pocos recursos culturales lo que no permite que padres y madres puedan jugar satisfactoriamente el rol que necesariamente les corresponde en una educación no presencial.

Parece que la conciencia sobre esta situación es bien presente entre los que tienen la responsabilidad de tomar decisiones en estos momentos tan difíciles. Lo que sucede es que, actualmente, la educación escolar es un importante componente del medio cultural pero la formación integral de la infancia y la adolescencia también depende de la familia, de las redes sociales, de las amistades... y también de las actividades extraescolares, de esparcimiento y comunitarias. La educación no termina cuando finaliza el horario lectivo. Es más, en una sociedad donde todo el mundo tiene el derecho y la obligación de pasar por la escuela, el acceso a la educación fuera del tiempo lectivo se convierte en una pieza clave para la equidad y la igualdad de oportunidades. Las dificultades de acceso a este tipo de actividades pueden ser una importante fuente de desigualdad social. Hay que buscar opciones que disminuyen el riesgo sanitario pero limitar la educación organizada al tiempo lectivo escolar no es la mejor decisión. No es una opción justa para una parte de la población.

UN INICIO DE CURSO CON MUCHOS MÁS DUDAS QUE CERTEZAS

 Se acabaron las peculiares vacaciones de este año y, a diferencia de otras ocasiones, no podemos decir que volvemos ni a una normalidad ya perdida ni a unas tareas laborales como las de antes. Septiembre es el momento del retorno y, en esta vuelta, es clave la reanudación de las escuelas. En España, hoy por hoy, parece que el curso comenzará en las fechas previstas y que lo hará de forma presencial, especialmente en los casos de educación infantil y primaria. La vuelta escolar, sin embargo, está llena de incógnitas, aún hay más dudas que al final del extraño curso pasado... y estamos a pocos días del inicio del nuevo curso. Lo que ha pasado es que el número de contagios del maldito virus durante el verano está superando las previsiones más pesimistas.

Como el riesgo cero no existe, hay que decidir qué riesgo se quiere asumir y ésta no es una decisión fácil, tanto más cuando todavía hay muchas dudas sobre esta enfermedad. No podemos evitar tener la sensación de falta de criterios mínimamente claros y de cierta improvisación y esto no facilita que la ciudadanía asuma una responsabilidad que cuesta ver claramente en qué debe consistir. El tema escolar es especialmente sensible por la importancia de la educación y por el papel social que cumplen los centros escolares; lo que se decida sobre el funcionamiento de las escuelas tendrá mucha repercusión en la sociedad e influirá en los ánimos colectivos. Seguro que todos deseamos que, a pesar de las evidentes dificultades, se acierte en las decisiones.

DONDE DIJE DIGO DIGO DIEGO

Sobre cómo será el regreso a la escuela el próximo setiembre, hace sólo siete semanas (el pasado 20 de mayo), en este mismo blog, escribía: "Las directrices que se están divulgando hablan de clases reducidas (alrededor de 12 a 15 alumnos) y de mantener la distancia social de seguridad en las clases y en el patio, entre otras ". Ahora, en Cataluña, se han hecho públicas las pautas para el nuevo curso escolar: no habrá desdoblamiento de grupos puesto que no se disminuirá la ratio, no será necesario llevar la mascarilla en el propio grupo-clase ni mantener distancia de seguridad; todo será muy parecida a como era antes de la pandemia.

El gobierno catalán justifica el cambio radical en los nuevos datos sobre la evolución del coronavirus: los infectados confirmados menores de 15 años sólo son el 1% de los casos y, al parecer, con una carga vírica muy baja. Incluso se ha dicho que, con estos datos, ahora se ve que no deberían haberse cerrado las escuelas y que, en caso de rebrote en otoño, sólo se confinaría a la gente mayor y a los colectivos vulnerables; la infancia podría continuar con su actividad escolar presencial. Está claro que, con unos cambios de criterios tan frecuentes en todo lo referente a la pandemia, habrá que esperar a ver qué pasa finalmente. Ante estas decisiones tan cambiantes, lo menos que se puede decir es que estamos desconcertados.

UNA LEY DE EDUCACIÓN NUEVA DETRÁS DE OTRA, SIN PARAR

Ya tenemos en marcha un nuevo proyecto de ley de educación para el Estado español. En 1970, en la última etapa del franquismo, se puso en marcha la denominada Ley General de Educación (LGE). En 1980 se aprobó la Ley Orgánica de Estatutos de Centros Escolares, la LOECE, elaborada por el gobierno del primer presidente de la recuperada democracia, Adolfo Suárez (UCD), pero el PSOE la recurrió por no respetar el espíritu de la Constitución espanyola recientemente aprobada y el Tribunal Constitucional le dió la razón; la UCD debía revisar profundamente la ley pero el golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 y la posterior victoria electoral del PSOE lo impidió y la ley no llegó a entrar en vigencia. En 1985 tenemos una nueva ley: la Ley Orgánica del Derecho a la Educación (LODE), del PSOE, que incorpora el sistema de escuela concertada. El1990 llega una nueva ley del PSOE que, en este caso, supone un cambio de fondo: es la Ley de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE) que pone fin a lo que quedaba de la LGE franquista, establece la escolaridad obligatoria hasta los 16 años y la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y, entre otras muchas cosas, da un papel importante a las comunidades autónomas en la concreción del currículo. Cinco años más tarde, en 1995, también el PSOE pone en marcha la Ley Orgánica de Participación, Evaluación y Gobierno de Centros Docentes (LOPEG), una ley muy polémica que fue rechazada por los sindicatos de profesorado porque consideraban que abría la puerta a la privatización de la enseñanza pública. El 2002 es el PP, el gran partido de la derecha española, que aprueba la Ley Orgánica de Calidad de la Educación (LOCE) pero la victoria electoral del PSOE impide que se aplique. En 2006, es este partido que pone en marcha la Ley Orgánica de Educación (LOE) que fue aprobada con una amplia mayoría en el Congreso; esta ley incluía la nueva asignatura de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos que suscitó bastante polémica. En 2013, con una amplísima oposición en el mundo educativo, se aprueba la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa, una reforma en profundidad impulsada por el ministro Wert del PP que ha sido calificada de retrógrada, discriminatoria, sectaria y centralizadora y que desencadenó manifestaciones, concentraciones y huelgas (una general) de profesorado y alumnado.

Ahora la ministra socialista Isabel Celaá impulsa una nueva ley que ha superado el primer trámite parlamentario, con la oposición de los partidos de la derecha española. No se trata tanto de que haya un apoyo al redactado de la nueva ley por parte de todos los grupos que van a votar a favor sino acuerdo en la necesidad de derogar con urgencia la ley Wert. Sin entrar ahora en el texto de la propuesta -ya habrá oportunidad de hacerlo- y estando de acuerdo en que es bueno derogar la nefasta ley del PP, lo cierto es que no se puede obviar que se trata de la octava ley desde 1970, lo que significa una nueva ley cada seis años y tres meses. En entradas anteriores de este blog he escrito que "entre los docentes es un clamor la necesidad de un periodo de estabilidad legislativa que permita trabajar con tranquilidad y coherencia" y "que la educación es demasiado importante para un país como para que no exista un mínimo consenso sobre ella ". Pues, eso: una ley nueva cada seis años y tres meses.