El gobierno de
la comunidad autónoma española de Murcia, gobernada por partidos de derecha con
el apoyo de la ultraderecha, quiere implantar el pin parental que
permitiría a los padres autorizar de manera previa y expresa la asistencia de
sus hijos e hijas a cualquier actividad complementaria (que forme parte del
currículo) programada por el centro escolar. Si los padres no autorizan la
asistencia, el alumno o alumna no participaría. Un ejemplo de estas actividades
puede ser un taller, realizado en horas lectivas, que trate sobre temas
afectivo-sexuales. El gobierno central recurrirá la decisión al considerar que
esta medida va en contra de los derechos humanos y los derechos de la infancia.
Detrás de esta
polémica hay dos maneras de entender la educación: como una responsabilidad de
los padres y madres o como una responsabilidad de las instituciones públicas y
de la escuela. Evidentemente, es una responsabilidad compartida, pero ¿dónde
termina el derecho de decisión de unos y otros? ¿Los padres pueden vetar la
asistencia de sus hijos e hijas a actividades curriculares (por motivos
ideológicos, por ejemplo)? ¿La escuela puede imponer estas actividades aunque
algunas familias no estén de acuerdo? Cuando se constata que no es posible
llegar a un gran consenso político sobre la educación es porque detrás hay
cuestiones como ésta. No es un tema menor.
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