En el siglo XIV nació la
Diputación del General o Generalitat de Cataluña. Durante
los siglos XVI y XVII esta institución fue el gobierno de Cataluña. En
el siglo XVIII, tras la Guerra de Sucesión, el Decreto de Nueva Planta abolió
todas las instituciones catalanas de autogobierno. Hasta
1913 Cataluña no pudo recuperar un órgano de autogobierno: fue la Mancomunidad
de Cataluña. El
dictador Primo de Rivera la abolió en 1925. En 1931 se instituyó la Generalidad
de Cataluña hasta que en 1938 el dictador Franco la suprimió, tras la Guerra
Civil. La
legitimidad de la Generalitat se mantuvo en el exilio hasta que en 1977 se
reinstauró provisionalmente, antes de la aprobación de la Constitución
española. Ahora,
en 2017, el gobierno y los tribunales españoles destituyen y encarcelan al
gobierno de la Generalitat y disuelven el Parlamento, la institución inviolable
que representa al pueblo de Cataluña.
Una gran parte de la población catalana está de luto pero no resignada. La población del resto del Estado debería estar muy alerta de lo que puede suponer la potestad de aplicar el ya famoso artículo 155 de la Constitución (los últimos días ya se han oído amenazas diversas) y del peligro que supone la no separación de poderes que, como mínimo, está en entredicho. Estamos reviviendo situaciones que nos devuelven muchos años atrás. Los hechos nos llenan de una profunda tristeza, una gran preocupación y el convencimiento de que están en juego muchas cosas, mucho más allá del tema de la República Catalana. Cuestiones que nos retrotraen a momentos muy oscuros de nuestra Historia, de la catalana y de la española.
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