Hace unos meses
(La Vanguardia de 24 de septiembre de 2016) leí que “Suecia reducirá este año
el IVA que aplica a las reparaciones de ropa, calzado o bicicletas del 25% al
12%. Al mismo tiempo aplicará una desgravación en el IRPF de la mitad de la
mano de obra que se pague en las reparaciones de electrodomésticos, sean
neveras, lavaplatos, hornos o lavadoras”. La iniciativa gubernamental “surge de
un anhelo muy arraigado en las opiniones públicas del norte y el centro de
Europa: racionalizar el consumo desaforado (moderar su exceso) y reducir las
emisiones de CO2. Moral calvinista y un deseo difuso de salvar el
planeta. Además incorpora una excusa práctica: la esperanza de que la expansión
del sector de las reparaciones absorba a parte de la mano de obra inmigrante no
cualificada que está llegando al país…”.
En los países
del sur de Europa la crisis ha despertado el interés por el reciclaje y la
rehabilitación de objetos, especialmente entre la juventud. Han aparecido
talleres en algunos barrios para aprender a reparar y, a título de ejemplo y en
una línea semejante, a menudo cuando llega a la familia un hijo o una hija se
recurre a amistades y a la compra de segunda mano para proveerse de ropa, silla
para el coche o cuna; es algo que parece lógico, especialmente si hablamos de
productos que tienen un ciclo de vida muy corto. La diferencia con la
iniciativa sueca es que, en aquel caso, es la Administración quién lo favorece.
Antes de reprender la espiral del consumo –que empieza a intuirse como algo más
que posible- quizás sea bueno reflexionar sobre este tipo de opciones.
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